Los principales cambios al pedido de facultades legislativas

Martín León Espinosa
Redactor de Política
@mleonespinosa

Mario Mejía Huaraca

Mario Mejía Huaraca
Redactor de Política
@mariomejiah

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en 5 materias, pero el dictamen tiene más de 20 modificaciones en comparación con el proyecto inicial enviado por el gobierno.

Estos son los principales cambios al pedido del Ejecutivo:

1. El Ejecutivo solicitó facultades legislativas por un plazo de 120 días. La Comisión de Constitución las aprobó solo por 90 días.

2. Se pidió que la UIF comparta información de inteligencia financiera con la ONPE y el JNE. No fue aprobado.

3. Planteó crear programas de servicios facultativos en materia de saneamiento y agua. Fue denegado.

4. Propuso extinguir las deudas tributarias menores a 1 UIT. Solo se aceptó para las mypes, pymes y personas naturales.

5. Sugirió establecer un régimen temporal que permita declarar y repatriar rentas no declaradas. Se estableció un rango del IR de 10% a 12% para los que declaren y de 5% a 8% para los que repatrien e inviertan en el país.

6. Solicitó acceso de la UIF al secreto bancario con autorización de un juez ad hoc. Se decidió que sea con autorización de un juez de turno.

LA JORNADA:

Veinte días después de que llegara al Congreso, la Comisión de Constitución aprobó anoche por mayoría la iniciativa que plantea dar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en cinco materias. Así, el dictamen quedó listo para discutirse y votarse en el pleno de hoy, donde finalmente se decidirá si el Parlamento delega facultades al gobierno.

Sin embargo, es poco probable que el Legislativo no acceda al pedido del Ejecutivo en la sesión plenaria de hoy, ya que la iniciativa fue aprobada por el fujimorismo y el oficialismo y tiene más de 20 modificaciones en comparación con el proyecto inicial enviado por el gobierno.

En ese sentido, el presidente del grupo congresal, el fujimorista Miguel Ángel Torres, declaró anoche: “Si nosotros nos hubiéramos quedado única y exclusivamente con el texto que nos enviaron, seguramente la decisión hubiese sido denegar las facultades porque no se habría cumplido con la especificidad en la materia que exige la Constitución Política”.

Torres recalcó luego que, con la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución, se ha demostrado que en su labor “no hay un ánimo obstruccionista en lo absoluto, sino más bien un ánimo de control político”.

—Plazos y puntos—
Entre los cambios planteados por el grupo congresal, está el plazo para la delegación de facultades.

En el proyecto original, el gobierno solicitó 120 días. Pero en el predictamen que se preparó para la sesión de ayer de Constitución se plantearon 90 días para cuatro materias: reactivación económica y formalización; lucha contra la corrupción; agua y saneamiento; y reorganización de Petro-Perú. En cambio, para seguridad ciudadana se daban 60 días. Al final, producto del debate en Constitución, se estableció que el plazo sea de 90 días para las cinco materias.

Otro punto que se modificó fue la propuesta del predictamen para que el gobierno tuviera que prepublicar, siete días antes de su emisión, cada decreto legislativo. En el dictamen aprobado anoche, no se incluye la prepublicación.
Horas antes de que Constitución aprobara el dictamen sobre el otorgamiento de facultades, el primer ministro Fernando Zavala había expresado su preocupación sobre los puntos mencionados anteriormente, así como algunos aspectos de la parte económica.

“La parte que me ha preocupado más son los temas económicos, los temas de plazo y los temas de prepublicación”, advirtió Zavala en la conferencia de prensa que brindó tras la sesión del Consejo de Ministros.

“En los temas económicos y tributarios, el predictamen establecía ciertos candados o entraba a un nivel de detalle que no es una costumbre en términos de otras facultades delegadas que hemos visto en años anteriores”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

En cambio, Zavala se mostró más optimista con respecto al tema de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quizá el punto que más polémica generó en el pedido de facultades.

El ánimo favorable de Zavala se dio pese a que hubo algunas variaciones al proyecto inicial, como el que ya no sea un juez ad hoc el que autorice el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

En el dictamen aprobado anoche, se establece que la UIF puede acceder al secreto bancario y tributario, “contando con autorización judicial de un juez penal, aplicando el sistema de recepción y distribución de los centros de distribución general o mesa de partes automatizadas del Poder Judicial”.

También se especifica que deben establecerse criterios de prelación para el trámite de esas solicitudes “en los casos de delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y terrorismo”.
Respecto a que la UIF pueda compartir sus informes con el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se decidió que sea al revés: que la UIF pueda recibir información de los entes electorales.

La iniciativa aprobada ayer también permitirá la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) en un punto, de 18% a 17%, a partir del 1 de enero del 2017. En este tema, Fuerza Popular estaba en contra. El congresista Miguel Ángel Torres argumentó que, pese a que su agrupación es contraria a esa disminución, se incluyó en las facultades porque es uno de los planteamientos de campaña de Peruanos por el Kambio.

La modificación del Impuesto a la Renta también es parte del dictamen aprobado anoche, así como garantizar la operatividad del Oleoducto Norperuano, a través de Petro-Perú. Sin embargo, se dice expresamente que la empresa estatal puede hacerlo “con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional […], sin que ello implique su privatización”.

—En minoría—
Pero no todos terminaron contentos con la aprobación del dictamen. Durante la sesión de Constitución, el Frente Amplio solicitó que las materias de las facultades se votaran por separado. Esto porque tenían reparos en los aspectos de reactivación económica.

Como en la comisión no se aceptó el pedido, los tres miembros del grupo parlamentario presentes en la sesión, Alberto Quintanilla, Mario Canzio y Oracio Pacori, votaron en contra del dictamen (fueron los únicos que lo rechazaron).

Luego, la bancada anunció que para el pleno de hoy presentará un dictamen en minoría con cambios en la parte de reactivación económica. Hasta el cierre de esta edición, seguían afinando su iniciativa.

En una conferencia, la congresista Marisa Glave dijo que en cuatro materias tienen voluntad de otorgar facultades: lucha contra la corrupción; seguridad ciudadana; agua y saneamiento; y modernización de Petro-Perú. Pero precisó que en materia económica tienen diferencias de fondo.

Su colega Alberto Quintanilla dijo que consideran que la reactivación económica “debe apuntar al desarrollo del mercado interno y no solo, como pretende el dictamen, medidas que tiendan a favorecer la inversión desde el punto de vista de los empresarios”.

Fuente: Diario El Comercio

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